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Para lograr un mercado energético eficaz se requieren reformas profundas y rápidas que se mantengan en el tiempo.

Es evidente que el sector energético ecuatoriano no puede seguir como está y que las soluciones implementadas hasta hoy no solo han sido ineficaces sino también contraproducentes, pues de nada han servido subsidios, regulaciones y absorción de pérdidas por parte del Estado. 

Primeramente deben eliminarse los subsidios que sostiene el Estado en el servicio eléctrico pues estos no solo resultan en una carga en el presupuesto nacional, significan también un impedimento para las inversiones en este sector, pues subsidios y controles de precios hacen difícil el cálculo de costos y afectan la rentabilidad que incentiva a un empresario a instalar una nueva planta de generación o red de distribución eléctrica. Los precios deben estar sujetos a las leyes de la oferta y la demanda y no impuestos por una burocracia incapaz de determinar el "costo apropiado" de un servicio.

El siguiente renglón de subsidios que deben eliminarse son los subsidios a los combustibles, pues estos igualmente son un lastre presupuestario y además generan grupos de privilegiados, pues estos subsidios siendo pagados por todos a través de impuestos, benefician sólo a ciertos consumidores, así miles de ciudadanos que no disponen de automóvil terminan pagando parcialmente el combustible de los ciudadanos que sí disponen de auto. También los combustibles subsidiados suelen venderse a otros países, el problema no es su comercialización en las fronteras, el problema es que ingentes recursos en la forma de subsidios van a parar del otro lado de las fronteras.

Para que ambas medidas de eliminación de subsidios tengan un menor impacto en el poder adquisitivo de los ciudadanos, el gobierno debe acompañar estas medidas con una reducción radical de los impuestos. Idealmente el Impuesto a la Renta debe desaparecer al igual que el ICE, el Impuesto al Valor Agregado debe reducirse al 10% y deben eliminarse impuestos y aranceles sobre combustibles importados o producidos localmente. Estas reducciones tributarias no solo permitirán a los ciudadanos mantener su poder adquisitivo, impulsarán la producción y la generación de empleos; hará mas atractivo el país para la inversión nacional y foránea; y con ello evitará a mediano plazo la migración de nuestros ciudadanos.

Para permitir el adecuado abastecimiento de combustibles tanto de uso doméstico como de uso industrial como el que usan las generadoras térmicas, debe permitirse la libre importación de combustibles y la libre producción de los mismos. Oleoductos y poliductos deben privatizarse pues los continuos robos y accidentes producidos en ellos tienen su razón en la pobre supervisión y mantenimiento de estas instalaciones, una administración privada de los ductos no eliminará las amenazas terroristas o los accidentes provocados naturalmente pero hará responsable a la compañía por el buen mantenimiento de la instalación. Lo mismo debe suceder con refinerías las cuales deben ser privatizadas o cerradas pues los niveles de seguridad de algunas de estas instalaciones están por debajo de los mínimos admisibles además de generar pérdidas a los ciudadanos debido a la corrupción e incompetencia estatal en el manejo de la refinación.

Las regulaciones en el sector energético deben eliminarse para facilitar que una empresa instale refinerías, oleoductos, terminales de abastecimiento de combustibles, plantas termoeléctricas, redes de transmisión, procesadoras de biocombustibles, etc. Pues a los usuarios no les interesa los peregrinos argumentos de "servicios estratégicos", "monopolios estatales naturales" o "soberanía energética", a los usuarios les interesa buenos productos y servicios entregados a tiempo y sin interrupciones, sin importar si estos servicios son provistos por empresas nacionales o extranjeras. La construcción de plantas hidroeléctricas podría contar únicamente con el permiso de los municipios involucrados en el área de impacto del proyecto, aunque si alguien construye un proyecto hidroeléctrico en los terrenos de su propiedad, no es necesario permiso de ningún tipo, pues si un proyecto de este tipo no afecta a la propiedad de terceros, el propietario debe encontrarse en libertad de construir una planta hidroeléctrica en sus terrenos.

Las regulaciones en el consumo de combustibles también deben eliminarse, debe permitirse el uso de gas doméstico (ya sin subsidios) en automóviles, etanol o cualquier otro combustible que pueda imaginarse. El transporte y almacenamiento de combustibles solo deben obedecer normas municipales ambientales y de seguridad. Una familia, una empresa o grupos de personas e instituciones deben estar en libertad de establecer sus propios servicios de energía eléctrica mediante plantas térmicas, paneles solares o cualquier otro artilugio que pueda pensarse sin pagar tarifas básicas al gobierno y también deben encontrarse en libertad de conectarse a las redes de distribución eléctrica para proveer sus servicios mediante contrato con los dueños de las redes de fluido eléctrico. Los sistemas de cuotas de producción y de entrega de combustibles habrán de eliminarse y la cacería de los expendedores de gas por parte de la DNH habrán de terminar pues tampoco deben establecerse controles sobre los márgenes de ganancia de expendedores de combustibles.

La competencia debe primar en todo ámbito del sector energético, no deben existir regulaciones que impidan el ingreso de nuevas empresas al sector, tampoco deben impedir las fusiones y adquisiciones de empresas. No deben existir impuestos discriminatorios al sector, ni regalías, ni impuestos privados como los que se contemplan actualmente donde el Estado obliga a las empresas a entregar un porcentaje del monto de un contrato a los gremios profesionales. El Estado debe pagar las deudas que mantiene con las empresas privadas del sector eléctrico, el Estado no debe absorber las pérdidas que alguna empresa tuviere ni ofrecer privilegios de ningún tipo a productores y consumidores. Los riesgos de monopolización o cartelización del sector serán mínimos si no existen regulaciones que hagan difícil la entrada de competidores al mercado, de hecho, no solo empresas sino también particulares y organizaciones civiles podrían ingresar a ofertar sus servicios en el sector energético.

A continuación, el gobierno debe privatizar la totalidad de sus empresas de generación, distribución y transmisión de energía, no es factible que los gobiernos central y seccionales mantengan administración de empresas de ningún tipo, pues siempre el sector público tiende a hacer de cualquier empresa un botín político y nunca se ajustan a parámetros de eficiencia empresarial, tampoco las empresas públicas funcionan en base a la consecución de logros sino en la institucionalización de privilegios dañinos subsidiados por los ciudadanos con sus impuestos.

Finalmente, el gobierno en el transcurso de la implementación de todo lo anterior debe haber eliminado o reformado los cuerpos legales y normas regulatorias de los sectores petrolero y energético. Organismos como la Dirección Nacional de Hidrocarburos o el Consejo Nacional de Electrificación deben ser eliminados, la reducción de la intervención pública debe incluir la innecesaria ingerencia de la milicia en este sector. El gobierno central y los gobiernos seccionales, ya no deben gestionar contratos con las empresas eléctricas, son los ciudadanos los que deben contratar el servicio a las empresas de comercialización y éstas quienes deben contratar con las de distribución y generación, mas ninguna regulación debe impedir que una empresa haga las tareas de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica.

El resultado de la aplicación de estas medidas es que a corto plazo se resuelvan los problemas de escasez de servicio eléctrico, también eliminará la corrupción e incompetencia gubernamental en este sector, el consumidor tendrá mayor poder de decisión, se reactivará la producción, se generarán mas empleos y existirá mayor seguridad jurídica para las inversiones pues el gobierno ya no contratará ni regulará este sector.

La liberalización del mercado energético no solo es beneficiosa para el país en términos de utilidad social, sino que está basada en la ética del respeto a los ciudadanos y sus decisiones sobre el destino de su dinero.