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Fotografia de los inmigrantes

Los trabajadores que opten por ese Plan de Ayuda tendrán que esperar tres años antes de volver a solicitar autorización para vivir y trabajar de nuevo en España

Cerca de 100.000 inmigrantes podrán acogerse a partir de septiembre al Plan de Ayuda al Retorno Voluntario que permite que los desempleados extranjeros en España, no pertenecientes a la UE, puedan regresar a su país de origen y cobrar su prestación de desempleo de forma anticipada.

La mayor parte de los inmigrantes que podrían acogerse a este plan voluntario proceden de Marruecos, Ecuador y Colombia, informó la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega.

También dijo que España tiene suscritos convenios de Seguridad Social con 19 países que permiten que los ciudadanos procedentes de los mismos puedan acogerse al Plan.

Los trabajadores que opten por ese Plan de Ayuda tendrán que esperar tres años antes de volver a solicitar autorización para vivir y trabajar de nuevo en España y, pasados cinco años, "tendrán derecho preferente para volver y formar parte del contingente" de empleo, precisó la vicepresidenta en una conferencia de prensa.

Los trabajadores que se acojan a la propuesta del Gobierno percibirán un adelanto del 40% de su prestación de desempleo antes de abandonar España, y el resto, un mes después de llegar a su país.

El objetivo del plan es favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional, y también con ciertos recursos para continuar trabajando allí, según el Ejecutivo español.

La iniciativa, que es de "carácter permanente y no coyuntural", "no anula ni sustituye", sino que "complementa" a los otros planes de retorno previstos en el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Además, la vicepresidenta del Gobierno aseguró que se trata de una medida "justa y voluntaria, pensada por igual para beneficiar al trabajador, a su país y al nuestro" y que "se suma a otras similares aplicadas en otros países de nuestro entorno".

El Gobierno informó de este plan a los interlocutores sociales, al Parlamento y a las comunidades autónomas.

España afronta un momento de crisis económica, que afecta sobre todo al sector de la construcción que emplea a un gran número de inmigrantes que podrían perder su empleo si la situación de deterioro económico se prolonga.

La población empadronada en España alcanzó 46,06 millones de personas el 1 de enero de 2008, de los que más de cinco millones son extranjeros, lo que supone una proporción del 11,3% del total, según cifras del Instituto Nacional de Estadística.