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Aproximadamente 42.500 mujeres requirieron atención clínica post-aborto en 2010. De este número 7.257 eran adolecentes, y de ellas 415 estaban en un rango de edad de 10 a 14 años. Para este último grupo, en muchos casos, las agresiones sexuales ocurrieron a manos de familiares y gente cercana, según indicó María Augusta Calle, asambleísta nacional.

Es una realidad que decenas de miles de mujeres abortan en el país en condiciones de riesgo. Si bien el proyecto de ley permite el aborto (en caso de violación), no es una ley abortiva porque no obliga a nadie a hacerlo, explicó.

Para el experto mexicano Eduardo Castillo, es una crueldad que la sociedad obligue a una mujer a tener un hijo si no quiere, y más aún si la concepción se dio en condiciones tan brutales como las de una violación. “En México el debate fue arduo, pero al final prevaleció la tesis que defiende el derecho sexual y reproductivo de la mujer” acotó.

Para Castillo, el conflicto generado por un supuesto choque con los valores morales y éticos de la sociedad es falso, pues estos principios son subjetivos y por lo tanto personales. “Nadie debería decidir sobre el cuerpo de otra persona” explicó.

La despenalización del aborto es algo que estadísticamente logra, en todo caso, bajar el número de abortos que en efecto se practican; ninguna mujer se embaraza para abortar expuso.

El experto comparte la experiencia de legislaciones tolerantes que permitieron un aborto en condiciones seguras y saludables como en México y en el caso de Italia y Francia, en Europa.

Amparo García, Margarita Cedeño y Micaela Regalado, estudiantes de la universidad católica se manifiestan en contra de la iniciativa. “De todas maneras es una vida, la circunstancia de la concepción es secundaria” explicaron.

Pero Alba Luz Ponce, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, cree que, si se tratara de una violación la decisión debería estar en manos de la persona afectada, sin presiones de ningún lado.

La Asamblea Nacional debate al momento si se debe o no aprobar un proyecto de ley que permita que, de comprobarse una violación, las mujeres ecuatorianas puedan acceder a una práctica de aborto seguro y sin riesgo, en condiciones médicas adecuadas y, sobretodo, sin el temor de estar infringiendo la ley.

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